CIDH preocupada por Ley de Seguridad Interior

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Miércoles 6 de diciembre de 2017. Fuente: jornada.unam.mx

Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación ante la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Senado, la cual “contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos”, pues significaría la normalización, regulación y la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

“En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”, remarcó el organismo en un comunicado.

Enfatizó que en su visita al país en 2015, constató con preocupación la presencia del ejército en actividades de seguridad pública y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia de ello, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.

“La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las fuerzas armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la CIDH”.

En diversas ocasiones este organismo internacional ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas. “Se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.

Resaltó que las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente, la cual garantice a la población el efectivo ejercicio de sus derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado.

“Es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.

Reiteró su recomendación en el sentido de que el país desarrolle un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles.