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Colombia, un país distante de la paz

Viernes 07 de Junio del 2019
Diofanor Rodríguez Lozano

Ha aumentado la delincuencia en las ciudades, donde los grupos de narcomenudeo están ocasionando violencia y desplazamientos en las mismas áreas urbanas

 

Una vez firmado el acuerdo entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), se dijo que el inicio de la paz en Colombia había llegado, porque según versiones oficiales, la desmovilización de este grupo al margen de la ley daría paz a muchas regiones del país. 

En este contexto se tuvo un hecho, que se ha pretendido minimizar, y es la existencia de grupos importantes de las FARC que no se incorporaron al proceso de paz. Inicialmente, se les llamó disidencias de las FARC, pero el gobierno les ha cambiado el nombre y ahora los llama GAOR, que significa Grupo Armado Organizado Residual. 

Este cambio de denominación busca disminuir la imagen de estas disidencias y mostrar al país y al mundo que son grupos muy pequeños que no afectan la paz de las regiones del país. Tal situación resulta no cierta a la luz de las últimas noticias, como queda evidenciado en la información publicada por Caracol Radio el 2 de enero de 2019, donde manifiesta: “Las disidencias de las FARC están especialmente en Departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá”. 

 

GRUPOS ARMADOS

 

Según lo reportado por la Fiscalía, en tales Departamentos se concentran 11 estructuras criminales, con presencia y afectación en 129 municipios, en donde esas organizaciones se financian del narcotráfico y la extorsión. El número de integrantes va en aumento, pues en el más reciente conteo de la Fiscalía, se registran 1,749 personas que integran esas disidencias de las FARC. Ello que evidencia que ese grupo se está reestructurando para continuar con su negocio ilícito de droga, ahora asociado en algunos puntos con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), minería criminal, secuestro y extorsión. 

El ELN, otro grupo armado ilegal, ha venido aumentado el número de hombres en armas y ampliando su cobertura criminal a zonas donde antes no tenía presencia. 

El grupo “Los Pelusos”, también armado ilegal, sostiene una guerra con el ELN en el Catatumbo y en el Departamento del Cauca por el control territorial de las zonas de cultivos ilegales de coca y marihuana, que hace que los índices de violencia se acentúen de manera más fuerte en algunos territorios. 

Otro actor armado que entra en estas disputas es “El Clan del Golfo”, que maneja economías ilegales de coca y minería en el bajo cauca antiqueño, asociados con cárteles mexicanos como el de Sinaloa, que ya tiene presencia en Colombia en las zonas del país donde más se cultiva coca y en donde aporta mejoras para la semilla, se adueña de la producción del alcaloide y aporta armas de alto poder de fuego. 

Adicional, se tiene al grupo “Los Puntilleros”, que se ubican en la zona de los llanos orientales y que se dedican a extorsión y manejo de la coca en esta zona, donde disputa territorios con el GAOR FARC, aunque con otros han llegado a acuerdos. 

 

 

 

Según información del Ministerio de Defensa de Colombia, la siguiente gráfica muestra cómo está la distribución geográfica y el número aproximado de integrantes en armas de los grupos:

Lo anterior indica que la paz a Colombia en la realidad está aún muy lejana. Se suma el aumento de delincuencia en las ciudades, donde los grupos de narcomenudeo, generadores de violencia en los entornos urbanos, están ocasionando conflictos y desplazamientos en las mismas áreas urbanas. Temas como el hurto a personas, robo a residencias y extorsión son delitos que se deben revisar a fondo. 

 

SEGURIDAD PRIVADA

 

El trabajo de la seguridad privada está en aumento, debido precisamente a estos avances de la delincuencia, que en forma permanente busca la manera de generar recursos ilegales, que conlleva a hechos de dinámica delincuencial. Pero también las organizaciones de seguridad privada se han visto infiltradas por bandas delincuenciales, que aprovechan el grado de confianza que genera contratar una empresa de seguridad para realizar su actividad ilegal. 

Los procesos de contratación deberán ser revisados, en términos de confiabilidad, pues en la actualidad se ha limitado al uso de la poligrafía. Esta revisión debería ser mucho mas rigurosa en procesos grandes de contracción, por ejemplo, con empresas del Estado, donde por la premura del tiempo los contratos que se hacen al personal de seguridad muchas veces no cumplen con los estándares requeridos por las mismas necesidades del servicio. 

Otro elemento a considerar es el pago que recibe el vigilante de seguridad, que en muchos casos no es el mejor salario y lo pagan tarde, hecho que facilita que el delincuente encuentre el caldo de cultivo para convencer al hombre de seguridad para participar en acciones ilegales. Esto hace que la paz en Colombia cada vez sea más complicada y lejana. 

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