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LOS RETOS DE LA SEGURIDAD EN LAS PRISIONES

Sábado 25 de Junio del 2022
Jaime Álvarez Ramos

Una de las desgracias más lamentables que le puede ocurrir a una persona es que habiendo cometido un ilícito cualquiera, se ponga en manos de una mala defensa y se le imponga una medida privativa de la libertad, pero más grave aún, resulta el hecho de que estando en prisión, su seguridad personal se vea vulnerada y pierda la vida producto de un homicidio, se suicide o sea lesionada sin que se pueda dar una explicación satisfactoria por parte de las autoridades estatales. Lo anterior que pareciera ser un hecho recurrente en las cárceles de Latinoamérica nos habla de una ausencia de planeación en el diseño y ejecución de políticas de seguridad instrumental aplicada al sistema penitenciario.
    Las muertes de personas privadas de la libertad, es un hecho que no debería ocurrir o que en lo posible se debería evitar y que de alguna manera nos pone en evidencia el nivel de seguridad que prevalece en estas instituciones que en teoría deberían ser altamente seguras y que sin embargo no lo son. Explicaciones se han dado por parte de las autoridades, pero a la fecha ninguna resulta convincente a la luz del Derecho internacional y de los estándares de la seguridad Ciudadana.

ESTADÍSTICAS

De acuerdo con los datos reportados por el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México el número de homicidios y suicidios son los incidentes violentos dentro de las prisiones de México que más crecieron durante el año 2020 con respecto al año anterior, es decir, crecieron al menos un 11.95 por ciento con respecto al año 2019, periodo en el que se reportaron al menos mil 205 casos. Debe advertirse que, aunque no se dispone de datos confirmados en el año 2021, también se dio un repunte de estos incidentes.
    La mayoría de estos eventos comprenden riñas, con un total de 926; desórdenes con 183; suicidios con 114; homicidios con 70 casos; abusos con 48, y finalmente motines con ocho registros.
    Las muertes violentas dentro de los penales se dispararon durante el 2020. Los homicidios crecieron al menos 75 por ciento con 70 casos el año anterior, frente a 41 homicidios de 2019; mientras que los suicidios casi se duplicaron (90 por ciento de crecimiento), pues pasaron de 60 en 2019 a 114 en 2020.
    La mayoría de los homicidios (54) se perpetraron con armas punzocortantes, mientras que cuatro fueron por agresiones físicas y al menos nueve casos se cometieron con armas de fuego, mismas que de manera inaceptable se introducen a los penales, circunstancia que nos habla de falta de tecnología para su detección.
    Al menos 15 de los asesinatos se registraron por riñas; 14 fueron adjudicados a “diferencias entre las personas privadas de la libertad”; 31 por “causas diversas” y en 10 casos no se ha esclarecido el posible móvil.
    El mismo diagnóstico también detalla que los dormitorios son los lugares más “inseguros” ya que más de la mitad (58 por ciento) de los asesinatos se perpetraron en esas áreas, mientras que el 25.7 por ciento se cometieron en otras áreas o módulos y el 15.7 por ciento en patios o pasillos. El informe expone que estos lugares, debido a la ausencia de vigilancia tanto personal como tecnológica, se convierten en puntos ciegos para la autoridad y “espacios de alto riesgo” para la comisión de todo tipo de incidentes violentos.
    Debe precisarse que el Estado, al aceptar la facultad de sancionar las conductas ilícitas, adquiere la responsabilidad de ser garante de la seguridad e integridad de las personas que están bajo su custodia.

VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los incidentes violentos dentro de las prisiones nos indican una grave debilidad institucional, que afecta y compromete la legalidad de su actuación y vulnera los derechos humanos, la dignidad, la seguridad y la vida de las personas privadas de la libertad y de las personas que laboran en los centros penitenciarios.
    Todos estos eventos reflejan la ausencia de una Política Pública en materia penitenciaria consistente con los estándares internacionales y que esté centrada en la protección de los derechos humanos por lo que, desgraciadamente desembocan también en otras problemáticas que ya han sido denunciadas y que aún persisten, como la sobrepoblación y el hacinamiento, los sistemas de autogobierno o cogobierno que aún se observan en un buen número de prisiones. A ello debe sumarse además la carencia de infraestructura, limitación de recursos humanos debidamente formados y capacitados para su función, falta de servicios y equipamiento de seguridad eficaz, que impiden identificar las desviaciones e irregularidades que ocurren en el interior de los centros penitenciarios.
    Aparte de lo dispuesto por el artículo 1º y 18 de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado la posición de garante que asume el Estado en la protección y eficacia de los derechos humanos frente a las personas privadas de la libertad de la siguiente manera: esta Corte ha indicado que como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia.
    En ese mismo sentido, ante esta relación e interacción especial de sujeción, el Estado debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a las personas detenidas o retenidas las condiciones necesarias para contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal y el debido proceso. Su falta de cumplimento puede resultar en una violación de la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes1.
    Resulta de suma relevancia considerar que de acuerdo a ese criterio el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad y de abstenerse, bajo cualquier circunstancia, de actuar de manera tal que se vulnere la vida y la integridad de las mismas.
    En este sentido, las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, incluyen la adopción de las medidas que puedan favorecer al mantenimiento de un clima de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad entre sí, evitar la presencia de armas dentro de los establecimientos en poder de los internos, reducir el hacinamiento, procurar las condiciones de detención mínimas compatibles con su dignidad, y proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro penitenciario.
    Además, dadas las características de los centros de detención, el Estado debe proteger a los reclusos de la violencia que, en la ausencia de control estatal, pueda ocurrir entre los privados de libertad. Del mandato referido supra debe entenderse que es impostergable el impulso de tecnologías de vigilancia, monitoreo, control de circulación en áreas críticas en especial dormitorios, patios y estancias sin descuidar accesos de personas, objetos y substancias.
    Esta es un área de oportunidad y un reto que desde luego se puede desarrollar por técnicos y empresarios mexicanos que, me consta, cuentan con toda la experiencia en la materia y que el Estado debe asumir como sus aliados.

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