Poder Judicial ordena reducción de penas para secuestradores condenados antes de 2011.
Datos del Inegi indican que en 2011 había 243 personas condenadas por secuestro en las prisiones de la Ciudad de México.
El Poder Judicial Federal ha emitido una determinación que permitirá a los secuestradores condenados en la Ciudad de México antes de febrero de 2011 beneficiarse de penas más benignas, en línea con una ley general que entró en vigor en esa fecha.
La jurisprudencia publicada el 14 de junio establece que esta medida será obligatoria para los jueces de la capital y podrá ser aprovechada por sentenciados en otros 17 estados bajo la jurisdicción del Pleno en Materia Penal de la Región Centro Norte.
"Debe aplicarse retroactivamente la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro vigente del 28 de febrero de 2011 al 3 de junio de 2014, a las personas sentenciadas conforme al Código Penal para el Distrito Federal, por ser más benéfica", resolvieron los magistrados. Esta figura, conocida como traslación del tipo y adecuación de la pena, es un derecho humano y debe ser aplicada de oficio por las autoridades de ejecución de sanciones, sin necesidad de ser solicitada por los sentenciados.
Datos del Inegi indican que en 2011 había 243 personas condenadas por secuestro en las prisiones de la Ciudad de México. Aquellos que siguen en prisión podrían beneficiarse directamente por esta jurisprudencia. En los otros 17 estados, había 416 sentenciados por este delito, quienes también podrían aprovechar la reducción de penas si fueron condenados bajo códigos penales estatales con penas mayores que la ley general.
El Código Penal de la Ciudad de México imponía penas de 40 a 80 años por secuestro agravado, mientras que la ley general, desde febrero de 2011, estableció penas de 25 a 50 años, aunque en 2014 fue reformada para dejarlas en 40 a 100 años.
Uno de los casos que originó esta contradicción judicial involucró al Cuarto Tribunal Colegiado Penal, que otorgó un amparo a César Pineda Labana, líder de una banda conocida como "El Torturas", y a su cómplice Agustina Rodríguez Palma, condenados a 109 y 53 años de cárcel respectivamente por delitos cometidos en 2007. El abogado de Rodríguez Palma argumentó que, con las reglas de la ley general, la pena de su clienta solo sería de 25 años y siete meses. En total, nueve personas fueron sentenciadas por pertenecer a esta banda, algunas con penas de más de 200 años de cárcel.
Los estados y el número de sentenciados que podrían beneficiarse con la jurisprudencia son:
- Durango: 2
- Querétaro: 3
- Aguascalientes: 3
- Baja California Sur: 5
- Tlaxcala: 6
- Zacatecas: 8
- Coahuila: 9
- Nayarit: 11
- San Luis Potosí: 14
- Tamaulipas: 21
- Sinaloa: 27
- Sonora: 31
- Chihuahua: 34
- Nuevo León: 44
- Guanajuato: 45
- Estado de México: 68
- Baja California: 85
- Ciudad de México: 243 sentenciados
En total, 659 presos podrían beneficiarse de la reducción de penas.
