Asesinan a magistrado en Acapulco, pese a amenazas previas.
Edmundo Román Pinzón, magistrado de la Segunda Sala Penal de Guerrero, fue asesinado tras recibir amenazas. Su homicidio revela la inseguridad que enfrenta el sistema judicial en el estado.
El magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fue asesinado ayer en el fraccionamiento Las Playas de Acapulco, en una zona controlada por grupos del crimen organizado como "Los Rusos" y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).
El ataque ocurrió mientras salía de sus oficinas, días después de haber decidido trabajar desde casa debido a amenazas relacionadas con su labor judicial.
Un crimen premeditado
Según fuentes cercanas al magistrado:
- Había dejado de asistir a la oficina por precaución, pero ayer decidió acudir.
- Fue atacado con cuatro disparos cuando se encontraba en su automóvil estacionado en la calle Gran Vía Tropical.
- Se señala que algunos reos lo responsabilizaban de sus condenas, incrementando las amenazas en su contra.
Trayectoria y contexto
Edmundo Román Pinzón presidió el Poder Judicial de Guerrero entre 2005 y 2011, durante la administración de Zeferino Torreblanca. En su cargo actual, lideraba la Segunda Sala Penal de Acapulco, donde se resuelven casos de homicidios, robos y secuestros, entre otros delitos.
Inseguridad en el Poder Judicial
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia destacaron que ninguno de los magistrados cuenta con medidas de seguridad, pese a ser un blanco frecuente de amenazas.
Reacciones
- Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero, calificó el asesinato como un acto que "enluta a Guerrero y exige justicia inmediata".
- La magistrada Adela Román Ocampo expresó consternación, recordando a Edmundo Román como un compañero ejemplar.
Panorama preocupante
El homicidio ocurrió un día después de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, encabezada por Claudia Sheinbaum, en la que se discutió la necesidad de fortalecer la seguridad en el país. Este hecho refleja la persistente violencia en Acapulco, donde el crimen organizado somete a comunidades enteras, afectando incluso a altos funcionarios judiciales.
El caso exige una respuesta inmediata para garantizar la seguridad de quienes integran el sistema judicial y enfrentan las consecuencias del combate al crimen organizado.
