La contención del delito vs. el control ciudadano
La nueva Ley del Sistema Nacional de Inteligencia puede ser clave contra el crimen organizado, pero genera desconfianza por el contexto político.
No seamos radicales, pero tampoco ingenuos.
La puesta en marcha de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública es una herramienta legal necesaria para la investigación y persecución del delito, siempre y cuando se acredite que está en las manos correctas.
Es oportuna porque las organizaciones criminales hacen uso de procesos, tecnología y talento humano para buscar, identificar y amagar a sus víctimas.
La ONU, en representación de los 193 Estados miembros, ha manifestado la importancia del uso de herramientas tecnológicas para la búsqueda, localización, identificación y aseguramiento del delincuente organizado.
Lo más patético es que estos procesos son utilizados por las diferentes organizaciones criminales desde hace un par de décadas: han adquirido todas las bases de datos gubernamentales explotando la precaria o avanzada tecnología en los estados y municipios para vigilar y dar seguimiento a sus víctimas; por demás decir el reclutamiento a las Fuerzas Armadas y policiales, estas últimas, caldo de cultivo en sus múltiples etapas y procesos de reconstrucción fallidas.
No es nueva esta implementación. Recordemos que desde el presidente Fox ya se proponía la homologaciónde un ciclo de inteligencia en el seno de un sistema nacional de similar naturaleza, vetada y criticada por la entonces oposición, hoy gobernando.
El problema no radica en la ley en sí misma, ya que cuenta con las bases fundamentales para hacer una eficiente investigación contra el delito y sus actores.
Lo inquietante es el contexto político y social que se vive:
Una clase política desprestigiada, con altos visos dictatoriales y corruptos en un halo de impunidad y cinismo.
Tres poderes para uno y uno para todos, lo que invita y seduce a investigaciones a modo, resurgiendo lo que por muchos años combatieron: “El derecho penal del enemigo”.
Un ambiente grave de polarización social, donde el partido en el poder no deja de insistir entre buenos y malos.
La ley, técnicamente hablando y debidamente aplicada, pone a la vanguardia al país en un mundo infestado de retos contra la delincuencia transnacional organizada.
Por ejemplo, el contar con una Plataforma Central de Inteligencia, con acceso a registros biométricos, fiscales, bancarios, telecomunicaciones, vehiculares y otros, tanto públicos como privados, resolvería en tiempo suficiente el desmantelamiento de grupos delictivos, junto con una política integral de prevención del delito (las causas) y de reinserción social, podríamos ver un futuro halagador.
Sin embargo, a los ojos de la sociedad civil, este sistema suena aterrador debido a la incongruencia de los que entonces combatían esta estrategia y eran oposición, hoy gobierno; ya que, en este momento, la hoy oposición y anterior gobierno lo promovían mediante la nunca consolidada Plataforma México, que buscaba, precisamente, integrar una bodega de datos de esa naturaleza nunca materializada por responsabilidad de los que hoy ostentan la administración pública.
En resumidas cuentas, es estorbar al otro con fines de desprestigio electoral.
En términos reales e ideales, este método, esta secretaría, debería preocupar al narcosistema mexicano, a los que sistemáticamente violentan la ley.
Desde una perspectiva técnica, el dato, la mínima unidad de información, es crucial para la identificación de un criminal; el conjunto de datos que se obtienen de esas bases crea información aislada; los procesos de análisis que se hagan sobre esa información será el producto explotable por las autoridades investigadoras.
Se podrán integrar investigaciones de gabinete con inteligencia preventiva (ubicación de objetivos prioritarios) e inteligencia criminal para la persecución de los responsables del delito cometido para ejecutar operaciones certeras.
Este sistema puede salvar muchas vidas públicas y privadas.
