Seguridad en América | Post

La seguridad es un ámbito dinámico y heterogéneo, en constante evolución y con un fuerte potencial de incertidumbre en cuanto a los posibles escenarios de amenaza que puede enfrentar. Lo inédito, lo imprevisto, es, de alguna manera, su “normalidad”. De aquí que lo que se puede considerar como su “estado natural”, es la latencia, ya que en todo momento puede surgir cualquier forma de amenaza, aún aquellas que puedan parecer de fantasía o de ficción. Y por ello, el profesional en seguridad debe estar abastecido y preparado para conocer y entender las nuevas circunstancias, así como para enfrentar y superar los nuevos riesgos que puedan surgir. La actual pandemia del SARSCoV- 2, o COVID-19, como una versión siglo XXI del Cuarto Jinete del Apocalipsis, se proyecta como un vector de amenaza social que responde a este escenario de ficción que se vuelve realidad, y cuya atención, si bien se trata de un tema de salud, involucra la participación del profesional de seguridad, y por ende le impone nuevas exigencias.

En principio, el trabajo del profesional de seguridad, que consiste en enfrentar amenazas, detenta un sentido que se puede considerar como antinatural, ya que la expectativa que se le proyecta es “dar el paso al frente cuando los demás retroceden”. Para este propósito, las tareas genéricas que desempeña contemplan:

• Vigilancia, que se orienta a la observación de los hechos que ocurren en un entorno, lo que se inscribe en el marco del Proceso de la Seguridad CDAI (Captación, Detección, Alertamiento, Intervención) a fin de Detectar, y en su caso Alertar, en la eventualidad del surgimiento de amenazas o situaciones de riesgo.

• Restricción, que se orienta a asegurar el cumplimiento de las normas, por lo regular mediante la ejecución de procedimientos y protocolos, que inducen un desempeño normalizado o estándar.

• Intervención, que se orienta a enfrentar y anular las amenazas que puedan surgir, incluyendo, eventualmente, la posibilidad de confrontaciones físicas con otras personas.

De las cuales la vigilancia y la restricción son funciones que se desempeñan en condiciones de normalidad, como parte de las rutinas, mientras que la Intervención es una función que se realiza en condiciones de excepción, cuando se ha presentado una alteración o ruptura de la normalidad, por el surgimiento de una amenaza o situación de riesgo.

NUEVAS RESPONSABILIDADES ANTE LA PANDEMIA

En el escenario anterior al surgimiento de la actual pandemia del COVID-19, para la ejecución de tales tareas se requería algún grado, no sólo de presencia física, sino incluso de proximidad por la necesidad de visualización directa para verificar identidades, o bien de interacción para efectuar revisiones o incluso confrontaciones, así como ciertas dificultades, como podría ser para enfrentar resistencia física a la aplicación de las restricciones. Por su parte, bajo el escenario actual de la pandemia del COVID-19, estas dificultades se han ampliado por la incorporación de nuevas responsabilidades en las tres líneas de acción, así como obstáculos para un desempeño efectivo de las funciones de seguridad, entre las que se pueden destacar, de manera enunciativa, mas no limitativa:

• Una condición de exposición inminente al contagio por el inevitable contacto físico con otras personas.

• La presencia de obstáculos a la visualización directa para la verificación de identidades, por el uso de cubrebocas y mascarillas.

• La aplicación de restricciones adicionales para la presencia física de personas en espacios confinados a cargo del profesional de seguridad, como son la toma de temperatura, la aplicación de gel antibacterial, la conservación de la distancia de seguridad, o asegurar el uso de cubrebocas.

• El surgimiento de tendencias de actitud en la gente común para incumplir con las nuevas disposiciones sanitarias, que se pueden encadenar por “contaminación” al quebrantamiento de otras regulaciones.

De tal suerte que, para el manejo de estas nuevas situaciones, así como para una ejecución efectiva de estas nuevas actividades, se requiere del abastecimiento de nuevos recursos, la adquisición de nuevos conocimientos, el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades y la asignación de nuevas facultades.

En este contexto se tiene que a pesar de las nuevas circunstancias y formas de trabajo, así como la dotación de nuevos recursos y tecnologías de apoyo, la operación básica de la seguridad requiere ineludiblemente de acciones con presencia y proximidad física del profesional y de contacto con la gente. Por ello, la seguridad se puede proyectar como una actividad esencial, en particular en lo que se refiere a la aplicación de las actuales restricciones sanitarias establecidas para enfrentar la pandemia del COVID-19, en virtud de que, operen o no la actividad económica, los establecimientos mercantiles, las cadenas de valor o la simple dinámica ciudadana, los elementos de seguridad deben desplegarse físicamente y actuar a fin de proteger la continuidad, tanto de los procesos sociales como de los procesos de negocio. Esto significa que la policía estará desplegada en las calles y los elementos de seguridad privada en sus asignaciones de servicio.

Para estos efectos se puede establecer que el profesional de seguridad, al igual que el personal de salud, también están en la primera línea de posible contagio, pero en el primer caso con mayor incertidumbre y exposición, ya que mientras el personal de salud tiene certeza razonable acerca del estado de salud de sus contactos, y al menos tiene los conocimientos y destre- zas para su manejo, así como acceso a recursos de protección (trajes, guantes, aislantes), el profesional de seguridad tiene ineludiblemente contacto físico con una mayor diversidad de personas, con total incertidumbre acerca de su estado de salud, y no se le suele dotar de los conocimientos y destrezas para su manejo, ni de recursos de protección.

Por tanto, se plantea que, como una cuestión fundamental de soporte al potencial de efectividad, y que fortalece tanto el atributo de aptitud (capacidad para hacer) como de actitud (voluntad para hacer), el profesional de seguridad, tanto en el ámbito de servicio público como el servicio privado, y al menos en las modalidades de seguridad física (fuerzas armadas, policías, guardaespaldas, guardias intramuros y custodia de transporte) deben ser considerados como un segmento de población prioritario para la aplicación de vacunas contra el COVID-19.