Seguridad en América | Post

En la década de los 80 el Estado ecuatoriano reconoció que el sistema penitenciario adolecía de graves problemas: la ausencia de una política penitenciaria, el fracaso de la labor rehabilitadora de las cárceles, la precariedad de las instalaciones, el hacinamiento, el fracaso de los sistemas de clasificación y la limitada preparación del personal penitenciario. Décadas más tarde esos mismos problemas estructurales persisten, pero la diferencia es que hoy el sistema penitenciario atraviesa por la peor y más violenta crisis que ha rebasado la capacidad de las autoridades responsables del mismo.

El problema de fondo en el sistema carcelario es que éste no llega realmente a ofrecer una rehabilitación social para las personas privadas de la libertad, complicando más su futura reinserción en la sociedad. Precisamente, en una entrevista a un canal de televisión el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Fausto Cobo, reconoció que “la rehabilitación no existe por el momento y tampoco es posible […] ¿qué rehabilitación puede haber en un camal humano?”.

VIOLENCIA EN LAS CÁRCELES

La mayor y más violenta masacre ocurrida en el país se presentó el 23 de febrero de 2021. Ese día en tres cárceles (Latacunga, Guayaquil y Cuenca) ocurrieron motines simultáneos que dejaron como resultado un total de 79 personas fallecieron. Los videos que circularon en las redes sociales mostraron la crueldad y violencia con la que fueron asesinadas.

Entre el 1º de enero de 2010 hasta el 25 de febrero de 2021 se presentaron 248 muertes violentas en las cárceles y centros de detención preventiva. La última masacre con un saldo de 21 detenidos muertos sucedió simultáneamente el 21 de julio de 2021 en dos cárceles (Latacunga y Guayaquil). Este tipo de violencia incide en la falta de garantías a la integridad personal de las personas privadas de libertad.

 SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA

Los Centros de Privación de Libertad tienen una capacidad de guarecer a 28 mil 554 personas, sin embargo, en 2020 albergó en promedio a 38 mil 618 personas privadas de la libertad. El hacinamiento promedio en ese mismo año fue del 29.83%. Entre 2017 y 2020 el promedio del hacinamiento fue del 33.05%.

INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL

Según el Informe de Rendición de Cuentas del año 2020 del SNAI, el sistema penitenciario cuenta con 54 Centros de Privación de Libertad (CPL) y 11 Centros de Adolescentes Infractores (CAI) insuficientes en capacidad, habitabilidad y recursos ante las reales necesidades.

Respecto al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP) el número de agentes penitenciarios es insuficiente, mal pagado y propenso a la corrupción por la precariedad de su trabajo. Hasta el 30 de junio de 2021 el SNAI tenía en nómina a 2 mil 785 funcionarios. Entre ellos, 1,609 agentes penitenciarios de seguridad. Según el SNAI existe un déficit de 2 mil 261 agentes.

Hace falta la profesionalización de los agentes de vigilancia y seguridad penitenciaria y que las personas designadas para dirigir el SNAI y los responsables de los Centros de Privación de Libertad cuenten con la formación y especialización necesarias para su adecuada administración.

RESPUESTA DEL ESTADO

Luego de los motines que se presentaron el 21 de julio de 2021, el nuevo presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, anunció algunas medidas urgentes para tratar de resolver la situación de las cárceles: decretó el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos y económicos para reestablecer el orden; se estableció un control militar en el acceso del filtro 1 y un control policial en el filtro 2 y 3 de todos los centros carcelarios; y, se nombró a un nuevo director del SNAI. Asimismo, anunció que una de las medidas para combatir la crisis carcelaria será reducir el hacinamiento y otorgar derechos de prelibertad a 5 mil personas que no hayan cometido delitos graves.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la Alianza Contra las Prisiones, conformada por ocho organizaciones sociales y de derechos humanos, exhortaron al Estado ecuatoriano para que establezca un modelo de gestión penitenciario y una política pública integral que evite el incremento desmesurado de la población penitenciaria observada en la última década.

Exigen que la Función Legislativa no agrave la problemática del sistema penitenciario a través de la producción de normas hiper-punitivas, criminalizadoras y regresivas a los derechos humanos y que los eventos de violencia en las cárceles no deben abordarse como una cuestión de reincidencia criminal por parte de las personas privadas de la libertad, sino que el enfoque debe ser proyectado hacia la reincidencia omisiva por parte de las entidades estatales que no logran resolver la crisis en cárceles. Finalmente, señalan que el atribuir la problemática únicamente al comportamiento de las personas privadas de la libertad obstaculiza la planeación y ejecución de políticas públicas que urgen para remediar este sector.

Si bien para el nuevo Gobierno la situación del sistema penitenciario es un problema heredado, lo cierto es que tiene al frente un gran reto: recuperar el control de las cárceles, garantizar la integridad y vida de los internos, disminuir el hacinamiento, fortalecer la infraestructura carcelaria, contar con un cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaría profesional, directivos idóneos y la promulgación de políticas públicas integrales. Estas medidas contribuirán a que la rehabilitación social y la reinserción en la sociedad de las personas privadas de la libertad, no sea una utopía sino una realidad.